El EPU es un proceso de revisión por pares mediante el cual los otros estados analizan las obligaciones y los compromisos de cada Estado Miembro de las Naciones Unidas (ONU) aproximadamente cada 5 años. El objetivo es mejorar la protección de los derechos humanos en todo el mundo. La revisión se basa en la información de tres documentos: un informe presentado por el estado bajo análisis y dos informes preparados por la ONU y la sociedad civil, respectivamente. La sección colombiana de la WILPF (conocida en español como LIMPAL Colombia) contribuyó en el informe de la sociedad civil en 2023. Todas las recomendaciones hechas por otros estados a Colombia en el Grupo de Trabajo del EPU se recopilaron en un informe que el Consejo de Derechos Humanos adoptará el 22 de marzo de 2024.

Colombia aceptó casi todas las recomendaciones recibidas durante este ciclo del EPU. Esto marca el compromiso del gobierno para abordar las inquietudes en materia de derechos humanos e implementar las recomendaciones. Los pasos fundamentales por seguir son implementar estas recomendaciones, interactuar con la sociedad civil y profundizar más la cooperación con los organismos internacionales de derechos humanos.

Deslice para ver una serie de videos hechos por Liliana sobre la situación actual en Colombia durante el proceso de adopción del EPU.

P1: ¿Puede resumirnos la situación de los derechos humanos de las mujeres en Colombia, especialmente en relación con la violencia de género?

En Colombia hubo un aumento en la violencia causado por las disputas territoriales y las economías ilegales que tuvo un impacto predominante en las comunidades rurales y los roles de liderazgo, con efectos desproporcionados en las mujeres y la comunidad LGBTQI+. La violencia de género sigue siendo un problema crítico; la necesidad de transformar con los estereotipos, la violencia sexual y la impunidad ya se había destacado en el ciclo previo del EPU en 2018. Es impactante que, entre 2018 y 2022, hubo 3106 femicidios y transfemicidios, principalmente perpetrados con armas de fuego, a menudo por las parejas de las víctimas en entornos domésticos.

A pesar de los marcos regulatorios, los niveles de impunidad para la violencia doméstica superan el 90 por ciento. La prevalencia de la violencia doméstica se mantiene, con más de 274 000 casos activos denunciados hasta febrero de 2023. Las adolescentes se ven afectadas de manera desproporcionada, en tanto constituyen un poco más del 85 por ciento de los casos de violencia sexual. Además, las mujeres tienen dificultades para acceder al trabajo, a salarios equitativos y a la protección social, desafíos que contribuyen con la feminización de la pobreza. Por el aumento de la violencia contra las mujeres y la comunidad LGBTQI+, el movimiento social de las mujeres ha solicitado al gobierno que declare una emergencia nacional. Esto se declaró efectivo a partir del 5 de mayo de 2023 en virtud del Plan Nacional de Desarrollo.

P2: ¿Qué es el Acuerdo Final de Paz y cómo ha abordado las cuestiones de género?

El Acuerdo Final de Paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) apuntó a terminar con el conflicto armado que duró más de 50 años y a establecer las bases para una paz sostenible. A pesar de un contratiempo inicial luego de una derrota estrecha en el plebiscito para refrendarlo, se hicieron algunas modificaciones que llevaron a la firma del acuerdo de paz revisado el 24 de noviembre de 2016.

El Acuerdo de Paz incorpora distintos componentes que son fundamentales para el desarrollo de la paz, como la compensación para las víctimas, la resolución de las condiciones que prolongan el conflicto y un modelo transicional de justicia que garantice la verdad y la reparación para las víctimas. Además, marca un hito al integrar un abordaje de género, reconocer el impacto desproporcionado de los conflictos armados en el colectivo femenino e incluir medidas que promueven los derechos de las mujeres. Este fuerte enfoque de género se logró gracias a la participación proactiva de las mujeres y las organizaciones de mujeres en el proceso de paz.

Sin embargo, persisten los desafíos en la implementación plena de las disposiciones de género incluidas en el Acuerdo. Hasta noviembre de 2022, solo el 12 por ciento se había implementado, lo que demuestra que el progreso sigue siendo claramente insuficiente. Las asignaciones presupuestarias para los indicadores de género son inadecuadas y limitan los esfuerzos para cerrar las brechas sociales y económicas. En 2020 y 2021, el presupuesto asignado para las medidas de género representó solo el tres por ciento del presupuesto general para la implementación del Acuerdo de Paz. Este tres por ciento también es un porcentaje microscópico del total de los fondos asignados al sector militar.

Incluso hay una falta de comprensión integral del abordaje de género y una participación ciudadana limitada en la implementación, que reducen el impacto potencial del Acuerdo Final. Además, surgen dudas sobre las garantías de seguridad para los excombatientes y sus familias, como lo demuestra la violencia persistente y el desplazamiento en los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR), que son los lugares establecidos por el gobierno para la reincorporación de los antiguos combatientes.

Estos obstáculos destacan la necesidad imperiosa de mantener los esfuerzos para garantizar la implementación efectiva del Acuerdo Final de Paz y de la política de paz total del gobierno actual y lograr una paz sostenible en Colombia.

P3: ¿Puede compartirnos algunos datos sobre los desafíos que enfrentan los pueblos indígenas en Colombia, especialmente las mujeres, y el impacto de la implementación incompleta del Acuerdo Final de Paz?

Las comunidades indígenas en Colombia están en el epicentro de una crisis humanitaria y se enfrentan con un riesgo real de extinción física y cultural a causa del conflicto armado y el desplazamiento forzado. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), 39 pueblos están en riesgo de extinción y 35 comunidades están en riesgo alto de desaparición.

Solo en 2022, la impresionante cifra de 453 018 indígenas fue víctima de acciones violentas, como el confinamiento y el desplazamiento forzado. A pesar de la inclusión de un Capítulo Étnico en el Acuerdo de Paz, la triste realidad es que apenas se implementó un 2,4 por ciento de dicho capítulo, y los derechos de los indígenas penden de un hilo. Los desafíos abarcan la participación efectiva, las reparaciones colectivas que no priorizan las necesidades de las mujeres y el alarmante aumento de la violencia contra las lideresas indígenas. El lento avance aumenta las inquietudes sobre la protección efectiva de los derechos y el autogobierno de los pueblos indígenas y enfatiza la necesidad de una implementación urgente e integral.

P5: La militarización del gasto público también se menciona en el informe conjunto a pesar de la política gubernamental de paz total. ¿Qué nos puede comentar al respecto y qué recomiendan las feministas para contrarrestar esta preocupante tendencia?

A pesar de la política de paz total del gobierno actual, el presupuesto militar se aumentó un nueve por ciento en 2023, por encima de las asignaciones para el Acuerdo Final de Paz y las iniciativas de equidad para las mujeres. LIMPAL Colombia enfatiza la necesidad de redirigir los recursos y promueve una reducción progresiva en el gasto militar para priorizar el desarrollo de la paz y los esfuerzos en materia de igualdad de género. Pedimos una renovación transformadora del sector de Seguridad y Defensa y exhortamos a quienes definen las políticas que amplíen el concepto de seguridad humana para incluir las experiencias diarias de violencia de las mujeres. Esta reforma debería desafiar las masculinidades militarizadas y promover la justicia mediante canales legales civiles en lugar de depender únicamente de los enfoques militares.

Más aún, la proliferación de las armas pequeñas exacerba la violencia en Colombia, en tanto hay armas de fuego involucradas en una parte importante de los homicidios, con un impacto especial en las mujeres. LIMPAL Colombia destaca la importancia de integrar una perspectiva de género en las políticas de desarme y de regular la comercialización de armas para limitar su comercio ilegal. Esto implica reevaluar la concentración del control de armas dentro del ejército y mejorar los mecanismos de vigilancia y control para facilitar un desarme efectivo. Al abordar estos desafíos, Colombia puede mitigar la militarización del gasto público, fomentar una paz sostenible e impulsar iniciativas de igualdad de género, en concordancia con su compromiso de crear una sociedad más segura y equitativa.

P6: En el informe conjunto que LIMPAL Colombia presentó al EPU junto con Católicas por el Derecho a Decidir Colombia (CDD-Colombia) y Corporación de Apoyo a Comunidades Populares (Codacop), se indica que, a pesar de la despenalización del aborto hasta la semana 24 de la gestación por la Corte Constitucional en 2006, el acceso al aborto seguro sigue siendo limitado y sancionable por el Código Penal en Colombia. ¿Puede describir las barreras existentes para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y su impacto?

A pesar de los significativos avances legales, Colombia sigue luchando con barreras para el acceso a servicios seguros de aborto, lo que perpetúa un clima de miedo y estigma en relación con los derechos reproductivos. El Movimiento Causa Justa ha identificado distintos obstáculos, que afectan especialmente a los miembros de los grupos marginalizados. Dichos obstáculos incluyen el conocimiento inadecuado dentro del personal sanitario, los requisitos innecesarios para el acceso al aborto y el ejercicio de la objeción de conciencia con una reglamentación inadecuada. Las interpretaciones restrictivas del marco legal empeoran dichos desafíos y promueven la confusión y la información engañosa que explotan los movimientos antiderechos. Estas barreras no solo impiden el acceso a la atención médica básica, sino que también perpetúan la discriminación y la marginalización, lo que afecta el progreso hacia la igualdad de género y la autonomía reproductiva. El abordaje de estos desafíos sistémicos requiere reformas integrales e iniciativas educativas para garantizar la implementación efectiva de la regulación sobre el aborto y respetar los derechos fundamentales de todas las personas en Colombia.

Recursos relacionados para el seguimiento del Examen Periódico Universal de Colombia:

• Informe conjunto de LIMPAL Colombia, CDD-Colombia y Codacop para el EPU de Colombia: PDF disponible en inglés y español.
• Grupo de Trabajo del EPU sobre Colombia, 7 de noviembre de 2023.
• Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (documento de la ONU A/HRC/55/7, 29 de diciembre de 2023).
• Declaración en video de LIMPAL Colombia para la adopción por el Consejo de Derechos Humanos de los resultados del EPU de Colombia, marzo de 2024.