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El sexagésimo sexto período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) se celebrará del 14 al 25 de marzo de 2022, y se focalizará en «lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas en el contexto de los programas y las políticas relacionadas con el cambio climático y la reducción de los riesgos de desastre y ambientales». En el informe del Secretario General de la ONU elaborado para la CSW, que se presentará durante este período de sesiones, se brinda otro panorama sombrío del estado actual del cambio climático, con una aceleración de la pérdida de diversidad biológica, la degradación de los suelos y la contaminación, todo lo cual tiene efectos perjudiciales desproporcionados para los derechos humanos de las mujeres y las niñas.
Aunque en el informe se reconoce inadecuadamente que «estas tendencias están impulsadas por las modalidades históricas de producción no sustentables, consumo y uso de la tierra, la explotación de los recursos, la acumulación de riqueza y la dependencia destructiva de los combustibles fósiles »,[1] no se atacan las causas fundamentales de la emergencia climática: el sistema económico capitalista y el rol interconectado de las empresas privadas, sobre todo en relación con la industria de los combustibles fósiles. El capitalismo y la captación de la formulación de políticas que hacen las empresas sostienen el imperativo de crecimiento y la idea de que los recursos naturales son infinitos, lo cual, a su vez, aviva el conflicto sobre los recursos y, con mucha frecuencia, conduce a la creación de leyes y políticas públicas que dan prioridad al lucro antes que a la protección del medio ambiente y los derechos humanos.
Durante décadas, lxs activistas feministas, indígenas, por los derechos humanos y el medio ambiente, entre muchxs otrxs, han estado en la primera línea de la defensa de un régimen jurídico internacional capaz de abordar las obligaciones de los Estados y las empresas con respecto a los derechos humanos para, así, detener los efectos nocivos del capitalismo en las personas y el medio ambiente. En 2014, estos esfuerzos condujeron a la creación por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del Grupo de Trabajo Intergubernamental (GTI) sobre las corporaciones transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, con mandato para negociar un nuevo instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos.
En octubre de 2021 en Ginebra, el GTI celebró su séptima sesión. Mientras esta transcurría, en El Estor (Guatemala), atestiguamos un ejemplo llamativo acerca de por qué las negociaciones y la regulación de las corporaciones no son solo esenciales, sino también urgentes.
En El Estor, el pueblo q’eqchi’ ha mantenido una lucha constante para oponerse a las operaciones mineras ilegales de la mina de níquel Fénix, propiedad de la Solway Mining Company radicada en Suiza. Si bien la Corte de Constitucionalidad ordenó la suspensión de las operaciones mineras ilegales por incumplir el derecho al consentimiento libre, previo e informado hasta tanto no se hubiera celebrado un proceso de consulta formal, la compañía continuó desarrollando sus actividades.
Durante las negociaciones en Ginebra en octubre de 2021, la protesta pacífica de la comunidad recibió una violenta represión y las autoridades impusieron el estado de sitio. Posteriormente, en noviembre y diciembre de 2021, las autoridades guatemaltecas realizaron consultas y restablecieron el permiso de actividad minera para la compañía. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) locales han denunciado varias irregularidades durante el proceso de consulta, lo que demuestra por qué resulta imperativo poner fin a la impunidad corporativa.
Con excepción de las directrices comunitarias, actualmente no existe un marco jurídico vinculante mundial que regule el impacto de las empresas sobre los derechos humanos, incluidas las corporaciones transnacionales, muchas de las cuales son responsables —o cómplices— de la violencia, la pérdida de medios de vida y otras numerosas violaciones a los derechos humanos. Un instrumento jurídico internacional puede regular el poder de las empresas al establecer normas vinculantes específicas para garantizar la protección de los derechos humanos por parte de las compañías. Un tratado de esta naturaleza crearía obligaciones para que los Gobiernos tomen medidas encaminadas a lograr la rendición de cuentas de las corporaciones y otras empresas por sus efectos sobre las personas y las comunidades marginadas y en el medio ambiente.
La Coalición Feminista por un Tratado Vinculante (F4BT, por sus siglas en inglés), junto con muchas otras coaliciones de la sociedad civil, movimientos y activistas de todo el globo se ha movilizado cada año desde 2015 para presionar a los Estados a sentarse a la mesa de negociaciones y adoptar medidas sustantivas e inmediatas tendientes a consensuar un texto. En octubre de 2021, delegaciones de casi 70 Estados y aproximadamente 300 organizaciones de la sociedad civil (OSC) participaron de forma presencial y en línea en la séptima sesión del GTI. Representantes de distintas organizaciones miembro de la Coalición Feminista pronunciaron declaraciones sobre diferentes artículos puntuales del texto preliminar del tratado en nombre de la Coalición e hicieron un llamado a alcanzar un tratado ambicioso y con perspectiva de género.
Mientras se suceden las investigaciones para demostrar que el impacto de las violaciones a los derechos humano en las mujeres y las niñas por parte de las entidades corporativas es mucho más profundo y devastador debido a la discriminación preexistente contra ellas, son las mujeres, las niñas y las comunidades marginadas quienes enfrentan constantemente los mayores riesgos de violencia, privaciones y abusos. Esto convierte a la eliminación de la impunidad corporativa no solo en un asunto feminista, sino también en una cuestión urgente. La Coalición F4BT, junto con otrxs activistas, sigue enfatizando la necesidad de un texto para el tratado en el que se incluyan protecciones efectivas y con perspectiva de género para las personas y las comunidades de diferentes contextos vulnerables.
El proceso debe continuar
Durante la séptima sesión del GTI, diversos Estados se manifestaron a favor de incluir una serie de importantes disposiciones sobre las personas que defienden los derechos humanos, un enfoque de género y la protección de las personas y los grupos que corren especial riesgo. Resulta crucial preservar dichos elementos en el texto preliminar del tratado.
Algunos Estados expresaron la preocupación de que las cuestiones jurídicas abordadas en el texto preliminar del tratado resultan complejas y pueden entrar en conflicto con las leyes nacionales. Sin embargo, la finalidad de un instrumento internacional de derechos humanos sobre las empresas y los derechos humanos debería ser mejorar las normas nacionales al alinearlas con el derecho internacional de derechos humanos, así como abordar la carencia sistemática de rendición de cuentas que enfrentan las víctimas al momento de intentar acceder a la justicia por el abuso de las corporaciones.
En 2021, fuimos testigos una vez más de argumentos contra el proceso de elaboración de un instrumento jurídicamente vinculante. Hubo otras voces que pusieron en entredicho la necesidad de un dispositivo de este tipo. Sin embargo, la evidencia de un aumento de los abusos corporativos y de la violencia contra las comunidades y quienes defienden los derechos humanos, así como la persistente falta de rendición de cuentas, siguen siendo un argumento convincente para establecer una regulación sólida de las actividades empresariales con respecto a los derechos humanos. La acción urgente a través de un tratado internacional resulta esencial para garantizar la coherencia en la actuación de los Estados y para enfrentar los desafíos que plantean las actividades empresariales transfronterizas. Un esfuerzo de esta naturaleza debe incluir, dar prioridad e incorporar las preocupaciones y necesidades de las comunidades que experimentan los efectos adversos de la actividad corporativa.
Cuando los Estados discutían diferentes artículos puntuales y presentaban sus declaraciones, se hizo evidente que el tercer texto preliminar del tratado enviado para la sesión de octubre de 2021 del GTI ofrecía una base sólida para las negociaciones. Este se orienta en la dirección correcta para superar algunas de las mayores dificultades para garantizar la prevención de los abusos corporativos contra los derechos humanos, el acceso a la justicia y las reparaciones para las víctimas. Sin embargo, aún queda mucho por hacer.
Mucho trabajo por delante
Si bien a las OCS se les dio un tiempo durante la sesión del GTI para que brindaran sus comentarios y recomendaciones sobre los distintos artículos preliminares, así como sobre las propuestas de los Estados, todavía falta avanzar en garantizar que de verdad se escuchen las voces de todas las comunidades, incluso a lo largo del período entre las sesiones anuales del GTI y en los diálogos nacionales y regionales.
Asimismo, la participación de los movimientos sociales y las comunidades afectadas del Sur Global en las sesiones del GTI sigue siendo muy escasa debido a la injusticia imperante con respecto a las vacunas contra el COVID-19. Además de la desigualdad en el acceso a las vacunas y las regulaciones relativas al COVID-19, el acceso limitado a Internet y las tecnologías de las comunicaciones, los mayores costos de traslado debido a la pandemia impusieron barreras adicionales a la participación.
Con respecto al objeto del tratado, con el fin de garantizar que este resulte lo más eficaz posible para las mujeres y las comunidades afectadas, el texto debe reforzarse aún más para definir las protecciones, el acceso con perspectiva de género a las reparaciones y las disposiciones aplicables a las actividades corporativas en situaciones de conflicto. En dicho sentido, la Coalición F4BT ha elaborado una serie de propuestas pormenorizadas sobre el texto preliminar del tratado que pueden leerse aquí.
Un aspecto fundamental que todavía se omite en el texto preliminar tiene que ver con las obligaciones de los Estados en aquellos casos en los que los Gobiernos participan en contratos o actividades comerciales con las compañías (por ejemplo, asociaciones público-privadas, compras públicas, privatización de servicios o inversión a través de fondos soberanos de inversión) y con otros Estados (como miembros de instituciones multilaterales, como el Banco Mundial, que se ocupan de asuntos empresariales, así como al momento de suscribir acuerdos de comercio e inversión).
Por otra parte, dada la creciente influencia de los grupos de presión empresariales que representan los intereses económicos y de negocios en las estructuras gubernamentales, surge la necesidad de establecer salvaguardas a este respecto. El tratado, por ejemplo, podría contener disposiciones que efectivamente defiendan la capacidad y el deber de los Estados de actuar en favor del interés público de garantizar la protección contra la apropiación corporativa (es decir, la indebida influencia de los intereses económicos y empresariales en la formulación de políticas y leyes públicas).
¿Qué sucede ahora?
Dado que las negociaciones consisten en un ejercicio anual, el período entre sesiones es vital para generar consensos y trabajar en las importantes disposiciones del texto. En momentos en que presenciamos un aumento de la violencia contra las comunidades afectadas, la violación constante de los derechos y el escaso acceso a la justicia y a las reparaciones, los Gobiernos deben tomar decisiones encaminadas a atender las necesidades de las personas, proteger a los grupos más vulnerables y establecer políticas que reduzcan las desigualdades crecientes y promuevan la justicia social.
Una pandemia no puede ser en modo alguno un momento para permitir que las elites empresariales y corporativas cobren más poder. Esa no es una opción.
Súmate a la Coalición Feminista por un Tratado Vinculante y otros movimientos de la sociedad civil para promover una mejor protección de los derechos humanos, el acceso a reparaciones efectivas y el fin de la impunidad corporativa.
Como feministas, simplemente no dejaremos de lado nuestras demandas y seguiremos trabajando en pos de un ambicioso tratado para regular el poder corporativo.
