Lunes, 26 de febrero de 2018
MÁS VIDA MENOS ARMAS
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
Con ocasión del tiroteo del pasado 14 de febrero cuando Nikolas Cruz, de 19 años, asesinó a 17 personas con un fusil AR-15 en una escuela secundaria de Parkland, Florida, en los Estados Unidos, en Colombia no se hicieron esperar los políticos en campaña electoral para promover el acceso y compra de armas. Si bien es cierto que las cifras de violencia en el Valle son preocupantes, región de la que es Christian Garcés, candidato del Centro Democrático a la Cámara de Representantes, considerada como la región más violenta del país en 2017; promover el acceso a la tenencia, el porte y el transporte de armas de bajo calibre para la población civil, NO es una solución al problema de la violencia, como se esta demostrando en los Estados Unidos, sino que potencia la cultura armada de violencia de la cual queremos salir después de la firma del Acuerdo de paz con las FARC-EP. Los argumentos de Garcés desconocen la verdadera situación de la proliferación de armas en el país, la cual pasa por encima del monopolio de las armas que debe tener en Estado para garantizar la seguridad de ciudadanas y ciudadanos, según lo dictamina la Constitución.
En 2016, de 2.262 homicidios reportados en el Valle, el 80% fueron cometidos con armas de fuego. En Colombia, durante el periodo 2014–2016, 16.665 delitos se cometieron con armas que tenían salvoconducto. Esto se suma a la existencia de aproximadamente 800.000 armas legales en el país y de 2 a 4 millones ilegales. La proliferación de armas pequeñas y ligeras en la población civil aumenta la violencia considerablemente, la muerte de niñas y mujeres, así como potencia la violencia sexual, psicológica, la trata de personas, entre otros crímenes. En 2016, según datos de Medicina Legal, el mecanismo más usado en Colombia en homicidios contra mujeres fue el arma de fuego, con 527 casos.
Como lo ha reportado la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (LIMPAL), la población civil cuenta con facilidades de acceso a armas legales e ilegales por lo cual reafirma la importancia de la necesidad de un estricto control sobre el porte y tenencia de armas pequeñas y ligeras para la prevención de la violencia armada y la escalada de nuevos conflictos locales, hace un llamado a la responsabilidad del Estado en este control para garantizar la vida y la seguridad de todas las personas que habitan en el territorio, y pide al Estado colombiano que ratifique el Tratado de Comercio de Armas (ATT, por sus siglas en inglés) que ya firmó ante las Naciones Unidas, para regular la comercialización de armas, que representan un riesgo, especialmente para las mujeres.
LIMPAL alerta y rechaza las campañas políticas que inciten a armar a la población civil, con consecuencias violatorias de los derechos humanos, que aumenten la percepción de inseguridad en una sociedad militarizada y armada. Como parte del Colectivo de Pensamiento y Acción “Mujeres, Paz y Seguridad” y de la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, LIMPAL defiende una política de seguridad humana, que no se enfoca en el uso de las armas sino en la garantía y respeto de todos los derechos. #MujeresPorElDesarme #GunControlNow.
Para mayor información por favor comunicarse con comunicaciones (a) limpalcolombia.org
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